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El principio general es que quien contamina, paga. Pero no siempre es posible determinar quién es el causante de una determinada contaminación. Una alternativa es el comercio de derechos de emisión.

Se trata de un instrumento de mercado, mediante el que se crea un incentivo económico que persigue un beneficio para el medio ambiente: que un conjunto de fábricas reduzcan de manera colectiva las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Qué es el comercio de emisiones de CO2

El comercio de emisiones utiliza los precios del mercado, en lugar de los impuestos, para tratar de cambiar la forma en que se comportan las empresas con el medio ambiente que les rodea, al ofrecer incentivos a las que reducen su producción contaminante y penalizar a las que no lo hacen.

Para ello, la Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha (Directiva 2003/87/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2005).

Cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 de centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20 MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras.

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión afecta globalmente a más de 10.000 instalaciones productivas; y a más de 2000 millones de toneladas de CO2, lo que supone en torno al 45 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.

Los elementos básicos de un esquema de comercio de derechos de emisión son siete:

  1. Autorización de emisión. Permiso otorgado a una fábrica a emitir gases a la atmósfera. No se puede comprar ni vender.
  2. El derecho de emisión. Una fábrica puede lanzar determinada cantidad de gases a la atmósfera. Es transferible, es decir, se puede comprar y vender.
  3. Techo de emisiones. Es el volumen total de derechos de emisión que se ponen en circulación. Determina el objetivo medioambiental, y da valor económico al derecho de emisión al crear escasez.
  4. Asignación de derechos. Mecanismo por el que se reparten los derechos de emisión entre las instalaciones afectadas.
  5. Cumplimiento. Las instalaciones deben entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a las emisiones reales producidas. No se establecen límites de emisión individuales, pero sí uno global y la obligación de cubrir las emisiones con derechos.
  6. Seguimiento de las emisiones. Las fábricas deben llevar un control de sus emisiones, para que se pueda fijar la cantidad de derechos que deben entregar.
  7. Registro de derechos. Lleva la contabilidad de los derechos de emisión en circulación: cuántos hay y a quién pertenece.

Un incentivo para ser más eficiente

El sistema es aparentemente sencillo: las fábricas, que son los principales contaminadores, reciben derechos de emisión, o tienen que comprarlos.

Los intercambian con otros emisores en el mercado, lo que les da un incentivo para encontrar formas de operar más eficientes y les deja permisos de repuesto que pueden vender a otros productores menos eficientes.

A medida que los productores más eficientes puedan transferir los ahorros en forma de precios más bajos, será más probable que los consumidores compren a éstos, agregando un incentivo adicional para que las empresas sean más respetuosas con el medio ambiente.

¿Reducir emisiones o comprar derechos de emisión?
Si el Gobierno vende permisos de emisión (por tonelada de CO2) por 100 €, una empresa tendrá que pagar este coste adicional por cada tonelada de CO2 que lance a la atmósfera. Pero también puede optar por ahorrar 100 € al reducir sus emisiones en una tonelada.

La lógica de la cuenta de resultados de una empresa (por algo a las pérdidas se las denominan números rojos, para que llamen poderosamente la atención) hace que la empresa trate de no pagar los 100 € adicionales por adelantado.

Sin embargo, esto puede llevar a la empresa a desperdiciar ganancias futuras al ignorar las oportunidades potenciales de ahorrar o ganar dinero. Y esto es lo que pasó con los fabricantes europeos a principios de esta década.

De hecho, un estudio refleja que alrededor del 30 % de las empresas no consideraron los permisos como activos financieros, y la mayoría no cotizaron en el mercado de subsidios de la Unión Europea. Es decir, no aprovecharon la oportunidad del comercio de derecho de emisiones.

El poder del consumidor

Pero todo esto, ¿le afecta al consumidor final? Pues lo cierto es que bastante.

Aunque el consumidor no paga ningún coste directo bajo el sistema de permisos de emisiones, se ve afectado por el impacto indirecto a través de los aumentos en los precios de los bienes y de la energía que consume y que pueden ser suministrados por proveedores ineficientes.

Si una central eléctrica tiene que comprar permisos adicionales para compensar su contaminación, es probable que ese sobrecoste se repercuta a las compañías de electricidad que compran su energía, quienes a su vez lo repercuten en forma de facturas de la luz más elevadas.

De hecho, se estima que entre el 20 y el 100 % de los costes de los permisos de emisión fueron repercutidos por las compañías a los consumidores de electricidad.

¿Hay alternativas? Si el consumidor ve cómo aumentan sus facturas de la luz debido a los cargos de proveedores ineficientes y más contaminantes, puede optar por cambiar de suministrador de energía, o incluso alternativas propias para no depender de las propias compañías de generación de energía.

Los hogares también pueden usar su poder como consumidores para elegir compañías que usan energías renovables, que no produce emisiones. De hecho, en el Reino Unido, la mitad de las 10 tarifas más baratas utilizan fuentes de energía verdes. Estos proveedores, por definición, no se verán afectados por el comercio de emisiones.

Todo esto hace que a la compañía eléctrica le interesa ser lo más eficiente posible, lo que se traducirá en que trate de reducir todo lo que pueda sus emisiones a la atmósfera.

O sacar el máximo partido al comercio de los derechos de emisiones.

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